Los documentos con los que el gobierno de Coahuila respaldó la petición de dos créditos por 2 mil 100 millones de pesos con BBVA Bancomer y que incluían escritos falsificados fueron enviados directamente para su conocimiento a Humberto Moreira, en ese entonces gobernador de la entidad. Los oficios respaldan un crédito por mil 650 millones de pesos, ingresado a la Secretaría de Hacienda el 2 de diciembre de 2009, así como el préstamo de 550 millones, registrado en la misma dependencia el 2 de septiembre de 2010. Al calce de los documentos se incluyó la leyenda: “C.c.p. (con copia para) C. gobernador del estado de Coahuila. Presente”. Moreira era entonces el mandatario en funciones, cargo al que solicitó licencia el 4 de enero de 2011. Los oficios, firmados por Jaime René Jiménez Flores, entonces director de deuda pública de entidades y municipios, se anexaron en la denuncia presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación el pasado 1 de noviembre ante la PGR. En la denuncia de la Procuraduría Fiscal de la Federación se establece que funcionarios del gobierno de Coahuila premeditadamente concibieron y elaboraron “documentación apócrifa” para obtener el crédito en el banco y a una condición diferente a la que registraron ante la Secretaría, por lo que incurrían en delitos penales.
Ernesto Cordero al igual que Agustín Carstens deben ser llamados a cuentas por negligencia por incurrir en irregularidades dentro de su función. Ponerlos en el banquillo de los acusados ante la Secretaría de la Función Pública sería lo adecuado. La brutal omisión-de seguro muy discrecional- en el tema financiero del estado de Coahuila mientras fungieron como secretarios de SHYCP es más que suficiente para que se les someta a juicio político por su imprudencia de no haber frenado en tiempo y forma el brutal endeudamiento de que son hoy objeto los habitantes del estado de Coahuila.
Los más de 32 mil millones de deuda contraída con argucias falsas deben llegar a los Moreira, Cordero y Carstens con todo el peso de la ley. También deben de ser objeto de una fuerte sanción los “bancos” y a los banqueros que mañosamente otorgaron monumentales créditos de endeudamiento a largo plazo sin contar con el aval requerido a como lo estipula la regla del juego. Si usted estimado que nos lee, solicita una tarjeta de crédito y si debe un solo peso por “omisión, imprudencia o negligencia” le negarán dicha tarjeta o el crédito solicitado sin reparo alguno.
Pero llegado el momento, todo quedara igual a como lo dispuso en su momento Peña Nieto en el mundialmente conocido asunto de su tío Arturo Montiel quien le heredó la gubernatura del estado de México, a quien se le reconoció un hurto del 1 % del presupuesto que ejerció en su mandato. Pero como ya lo he dicho en otras colaboraciones ¿qué es un uno por ciento? podremos decir nada. Pero si ese uno por ciento es el de un billón de pesos o sea 1,000,000,000,000.00, este 1 % se transforma en automático en diez mil millones de pesos que se en bolso Arturo Montiel. Casi nada verdad, síganse dejando ciudadanos.
***Me congratulo por la asignación a la ICA de la construcción del Centro de Convenciones de Los Cabos. Esta asignación del gobierno federal dejó mal parado al gobierno sudcaliforniano que se frotaba las manos para otra trancilla. Mal, muy mal quedaron las autoridades locales gandallas que en su camino de la tranza, no les dieron oportunidad a empresas locales. Sigan señores empresarios.
Moraleja: Tanto peca el que mata la vaca como el que le estira la pata. Griten víboras. He dicho.
