30 de mayo de 2012.- El senador panista Luis Coppola Joffroy presentó una iniciativa para reformar los artículos 73° y 123° de la Constitución Política a fin de devolver a las entidades federativas facultades para legislar en materia laboral.
La reforma constitucional que se propone, expuso el legislador sudcaliforniano, no derogaría la actual normatividad laboral, sino que permitiría a las congresos de los estados normar sus relaciones laborales y dejaría a su libre arbitrio el momento en que podrían legislar en dicha materia en su estado, dejando vigente en este punto la aplicación de la ley actual.
“Las reformas planteadas crearán un nuevo sistema de cooperación entre estados y Federación para una correcta aplicación de la materia en todo el país, además de abonar a cambiar los vicios, errores y problemas que tiene en nuestro país en este rubro, pero que sobre todo exige cambios”, agregó el también Presidente de la Comisión de Turismo.
De aprobarse la reforma, a la fracción X del artículo 73, relativo a las facultades del Congreso, se adicionaría lo siguiente: “y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123, en coordinación de sus facultades concurrentes en materia laboral con las legislaturas de las entidades federativas”.
Y se agregaría una fracción XXX-P, en la que se establece que el Congreso podrá “expedir leyes que establezcan las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre la Federación, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, para legislar en materia laboral”.
Asimismo, al artículo 123 constitucional se le adicionaría un párrafo para establecer que tanto “el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y del Distrito Federal, sin contravenir a las bases siguientes y tomando en cuenta las necesidades de cada región, deberán expedir leyes sobre el trabajo”.
De acuerdo con la exposición de motivos del Legislador por el PAN, aun cuando la reforma que se propone ha sido tabú legislativo de manera inexplicable, debemos ser una legislatura que esté a la altura de las nuevas necesidades de nuestro país.
De igual forma, consideró Coppola Joffroy, “el hecho de que cada entidad federativa pueda dictar sus leyes en materia laboral provocaría que también cada estado tuviese que crear una estructura institucional en materia de trabajo y dentro de ésta podría haber una institución donde se dirimieran los conflictos laborales obrero-patronales de una manera más eficiente, más rápida, más expedita y verdaderamente gratuita”.
En este sentido, prosiguió, la reforma que se plantea sería de gran utilidad para que el control de las relaciones con los sindicatos se hiciera desde cada entidad federativa, con conocimiento más amplio de sus agremiados y de las diversas ramas de la producción en que se desenvuelven, haciendo más probable que las administraciones del trabajo de los estados se encarguen de imponer las condiciones en las que el sindicato deberá desenvolverse.
Por otro lado, la Federación “podría hacerse cargo de regular y controlar la vida de los sindicatos con alcances nacionales por su número y dimensión, que, por otro lado, se han convertido en un cáncer que más allá de abonar a las condiciones de los trabajadores son una traba para el desarrollo económico del país”, dijo.
Además, con el actual sistema de juntas de conciliación y arbitraje, en ocasiones federales y en ocasiones locales, controladas por la Federación unas, por los estados otras, bajo criterios jurídicos diversos, bajo un control ambiguo, se ha provocado que la materia laboral procesal, en la cual los trabajadores defienden sus derechos violados por los patrones o viceversa, se haya convertido en otra muestra más del atraso de nuestro país y fuente del mayor índice de corrupción en el país, pues se permite la “defensa” de los trabajadores por parte de coyotes o personas que no siendo ni siquiera estudiantes de derecho son parte de la mafia que se adueña de dichos órganos de impartición de justicia laboral.
Con la reforma, se podrían establecer procedimientos laborales diferentes que erradiquen desde el ámbito local las mafias de abogados y establecer procedimientos expeditos para la efectiva defensa de los derechos de los trabajadores y patrones, concluyó.
La propuesta del Senador por Acción Nacional fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.
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